En el marco de la campaña, nuestra labor de incidencia se ha centrado, desde 2014, en hacer presión a las autoridades catalanas, españolas y europeas para que se aprobara una normativa que obligara a todas las empresas que toman parte en la cadena de suministro para identificar las condiciones de extracción y compra de los minerales 3TG mediante auditorías por parte de terceros independientes. Esta normativa se aprobó en 2017, y actualmente trabajamos para su adecuada aplicación.
Esta tarea, en el ámbito catalán, se llevó a cabo desde la Xarxa d’Entitats per la República Democràtica del Congo, participando en actos públicos y reuniones con las autoridades del Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat para exigir más compromisos de respeto por los derechos humanos, especialmente en el marco del Mobile World Congress.
En el ámbito estatal, las acciones de la campaña son coordinadas con las organizaciones ALBOAN, REDES, Amnistía Internacional de España y la Comisión General de Justicia y Paz. Nuestra tarea consiste en exigir y asesorar al gobierno español para que implemente la normativa europea, asegurándose de que las empresas españolas afectadas la cumplen.
En el ámbito europeo, Justícia i Pau forma parte de un grupo amplio de entidades que trabaja en la incidencia en las instituciones europeas para que, entre otros objetivos, apruebe unas medidas que permitan aplicar la normativa europea sin perjudicar a la población de los países afectados por esta, como la RDC.
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