Regulación de los minerales de conflicto: no sin su voz

A mediados de junio la Unión Europea acordó el contenido esencial de un reglamento que estableciese las condiciones para la importación en Europa de cuatro tipos de minerales y metales clave, los llamados 3TGs, para la fabricación de aparatos electrónicos de alta tecnología.

Este acuerdo fue el resultado, por una parte, de dos años de negociaciones entre las instituciones europeas y, por otra, de la presión ejercida por parte de empresas afectadas y de organizaciones de la sociedad civil. Justícia i Pau ha participado activamente en la coalición de organizaciones europeas que han exigido, y continúan haciéndolo, una normativa efectiva para evitar que los actores armados en una situación de inestabilidad o guerra puedan financiarse con la extracción y comercialización de minerales dirigidos a productos de consumo en Europa.

La campaña de presión política a las autoridades europeas ha contado con una importante movilización de la ciudadanía europea y la implicación de inversores, líderes religiosos y activistas prominentes de todo el mundo. Justícia i Pau mantiene un relación de cooperación con organizaciones de la sociedades directamente afectadas por los minerales de conflicto. En concreto durante el 2015 se llevó a cabo una investigación y un reportaje sobre la situación en las minas de la provincia de Kivu Norte, al este de la R.D. Congo, con la participación de ONG y cooperativas mineras de la zona. A principios de año se coorganizó también la visita de una delegación de Justícia i Pau de la R. D. Congo a Madrid para exigir una regulación estricta de la importación de minerales a las autoridades del Estado central español y otras autoridades de toda Europa.

Durante las últimas semanas del mes de septiembre, Justícia i Pau ha participado en una delegación de ONG europeas junto con una eurodiputada al Kivu Norte. Fue Marie Arene, europarlamentaria del Partido Socialista belga y miembro del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, quien viajó a finales de este mes de septiembre a Goma, provincia del Nord Kivu en la República Democrática del Congo. Su visita tenía como objetivo conocer más de cerca la realidad sobre el sector de la minería artesanal en esta región para poder definir las medidas que acompañarán a la aprobación y la implementación de la regulación europea en relación a los llamados minerales de conflicto.

Durante la visita, la europarlamentaria ha estado acompañada por Marta Ruiz Frederic, de la red EURAC (European Networkfor Central Africa), y Carme Altayó, de la asociación Justícia i Pau Barcelona, quienes han programado diversos encuentros con los diferentes actores implicados en la minería artesanal: desde las autoridades provinciales, agentes internacionales, agentes del Estado congolés, empresas exportadoras, comerciantes locales y cooperativas de productores.

Estos encuentros han permitido a Marie Arene disponer de una mayor información, recibida directamente de los actores implicados, sobre el sector minero de la región y sobre los procedimientos de certificación de las minas en esta zona del este de la R. D. Congo, así como de los mecanismos de trazabilidad de los minerales 3TG que se están implementado desde 2014.

Las conclusiones del viaje las remarcó la misma europarlamentaria, quien remarcó aquellos temas que le resultaron más relevantes y sobre los que consideró que es necesario hacer una mayor incidencia para garantizar que la nueva reglamentación europea tenga efectos positivos. Algunos de estos puntos son el papel del ITRI (consorcio de empresas que tienen el monopolio del mecanismo de trazabilidad de los minerales en el Kivu Norte); el impacto en la minería artesanal de las medidas de regulación y trazabilidad; la reducción del riesgo de comercio fraudulento de minerales a través de Ruanda y la inoperancia del gobierno congolés frente a esta situación, en un contexto político complejo.

Justícia i Pau ha facilitado la participación de las organizaciones locales socias del Kivu para que el conocimiento de la cambiante realidad local y la pluralidad de sus perspectivas formen parte de la campaña de incidencia europea.

Durante 2017, Justícia i Pau seguirá apoyando a entidades de la R.D. Congo para que puedan continuar las investigaciones sobre violaciones de derechos humanos en las zonas mineras, acompañen a las personas víctimas de la violencia, sensibilicen a las poblaciones y presionen a las autoridades locales, nacionales e internacionales para la garantía efectiva de los derechos humanos.