Nuevo informe de Amnistía Internacional sobre la situación que viven los defensores de los derechos
Amnistía Internacional pública el primero de una serie de informes dedicado a la situación a que se enfrentan las personas defensoras de derechos humanos en Honduras y Guatemala (América Latina).
El pasado jueves 1 de septiembre Amnistía Internacional (AI) presentó un informe sobre la situación que tienen que soportar las personas defensoras de derechos humanos relacionadas con la tierra, el territorio y el medio ambiente. El informe se centra en Honduras y Guatemala, teniendo en cuenta que en ambos países se ha registrado una gran cantidad de ataques y amenazas contra los defensores del derecho. El informe pone de manifiesto el aumento de la estigmatización, las amenazas, los ataques y los homicidios, así como la falta de justicia a que se enfrentan las personas y comunidades que luchan para proteger el medio ambiente frente a los proyectos a gran escala de minería, extracción de madera y producción de energía hidroeléctrica.
Gemma Parellada
Carme Altayó
Los defensores del derecho actúan por el avance de los derechos humanos, y este es el motivo por el que han seguido recibiendo amenazas y agresiones a lo largo de los años, e incluso han sido asesinados. El informe detalla conflictos entre las comunidades y empresas mineras debido a la utilización del territorio para actividades industriales en contra de la voluntad de las comunidades afectadas por los diferentes proyectos.
El presidente de Exploraciones Mineras de Guatemala, S A (EXMINGUA) considera que «los defensores de los derechos son socialistas, terroristas y anárquicos, y que las empresas mineras son un blanco fácil para las diferentes ONG que operan en el territorio, donde el único objetivo de estas es detener cualquier desarrollo para Guatemala. Las empresas deben operar muchas veces al margen de la ley porque las ONG con sus actos violentos hacen muy difícil cumplir con la misma ley».
La impunidad ante los ataques sufridos por personas defensoras es la regla general en ambos países. Se debe investigar de forma oportuna, independiente e imparcial los ataques, amenazas y agresiones, y llevar a los perpetradores de estos ataques ante la justicia. La justicia debe garantizar la presunción de inocencia, el debido proceso y dejar de utilizar los procesos penales como una forma de desalentar, intimidar, acosar y desarticular la movilización social. Hay que erradicar la estigmatización y dejar de catalogar los defensores del derecho, por parte de algunas autoridades, como los verdaderos enemigos del Estado. Hay que hacer el esfuerzo de reconocer públicamente la labor legítima que llevan a cabo.
El informe de AI desarrolla una serie de recomendaciones a las autoridades de los dos países y las insta a que lleven a cabo una serie de reformas en materia de protección a personas que trabajan para la defensa de los derechos en el ámbito de la tierra, el territorio y el medio ambiente; en la defensa de los pueblos indígenas y afrodescendientes, y en la defensa del acceso a la justicia. También insta a las instituciones nacionales, organismos internacionales, comunidad internacional y empresas a promover la consecución de estas recomendaciones.
