Justícia i Pau participa en una misión internacional sobre derechos humanos en Guatemala
En la zona del Petén de Guatemala, hace años, el gobierno promovió el traslado de comunidades para poblar el territorio. Otras comunidades fueron a parar allí a causa de la guerra que sufrió el país durante más de treinta años. Posteriormente, el gobierno de Guatemala declaró la zona de especial protección medioambiental y, como consecuencia, ahora quiere expulsar a todas las comunidades que viven en la zona, acusándolas de delito de usurpación. El gobierno no admite diálogo ni escucha las propuestas por parte de las comunidades de elaborar proyectos de respeto al medio ambiente. Por otra parte, ha permitido la entrada de empresas de extracción petrolera.
Debido a estos decretos de expulsión, actualmente más de 400 personas viven en territorio de nadie, en unas condiciones infrahumanas. Son personas y familias a las que han destruido sus casas y posesiones. Si el gobierno guatemalteco lleva adelante sus planes, estos pueden afectar directamente a más de 60.000 personas y crear un precedente para actuar del mismo modo en otras zonas.
Ante estos hechos y ante la organización de las comunidades afectadas, se creó una comisión de valoración de la vulneración de los derechos humanos a la que invitaron a Núria Carulla como observadora internacional.
El día 19 de mayo por la mañana se reunieron el presidente de la comisión internacional de juristas, el Sr. Ramon Cadena, la Sra. Marie Berger, abogada suiza de la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra y Núria Carulla, para escuchar la situación que sufren las comunidades e ir elaborando el informe que se presentará en rueda de prensa este viernes día 23.