El Parlamento Europeo presenta un informe sobre empresas y derechos humanos
El Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo ha presentado un informe donde se analiza el acceso a medidas legales de reparación de las víctimas de abusos de derechos humanos causados por empresas o corporaciones multinacionales de países de la UE en terceros países. El informe toma como base el tercer pilar de los principios rectores de las Naciones Unidas (Proteger, Respetar y Remediar), el cual habla del derecho de la víctima a acceder a un recurso efectivo, donde sus derechos humanos no se vean vulnerados. La realidad es que las víctimas de estos abusos sí encuentran muchos inconvenientes a la hora de ver reparados sus derechos debido a las diferentes trabas y obstáculos que se interponen.
La UE ha puesto especial atención en cómo conseguir que las empresas rindan cuentas por su papel en los abusos de derechos humanos en terceros países a través del desarrollo de mecanismos judiciales y emprendiendo acciones legales en los estados de origen de estas corporaciones internacionales. Este enfoque es cada vez más relevante en una economía mundial que se caracteriza por un gran aumento en el comercio de bienes y un cambio en su naturaleza a través de cadenas de suministro mundiales, que enlazan empresas de todo el mundo y vinculan las empresas de la UE con los proveedores de los países productores. Como resultado, la responsabilidad de estas empresas por abusos a los derechos humanos se ha convertido en un problema importante. Con este documento lo que se pretende es poner sobre la mesa la necesidad de mejora de estos mecanismos legales para dar respuesta a esta problemática.
Además, el informe analiza algunos casos en los que mayoritariamente se encuentran involucradas grandes empresas multinacionales de Francia, Alemania, Suecia, Italia, Países Bajos y Reino Unido. El objetivo de este análisis es identificar los diversos obstáculos (legales, procesales y prácticos) a los que se enfrentan los demandantes en el acceso a recursos legales.
Entre los 35 casos que se examinan en el informe, por ejemplo, se encuentra el caso de la empresa maderera alemana Danzer y su presunta participación en una serie de abusos contra los derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad en contra de una comunidad forestal en la República Democrática del Congo. O el caso de Italia, donde la empresa energética ENI causó unos supuestos daños ambientales y violaciones de derechos humanos con un derrame de petróleo por su actividad en Nigeria, afectando la salud y la calidad de vida de la población local. En Suecia el estudio se centra en la empresa minera Boliden, acusada de exportación de residuos industriales a Chile, donde fueron eliminados por un subcontratista sin ser adecuadamente procesados, afectando así la salud de las comunidades locales.
Tras el análisis de estos casos, las dificultades que los denunciantes han encontrado tienen que ver con su representación legal, la complejidad de las estructuras corporativas, las dificultades de establecimiento de responsabilidades, las complicaciones jurisdiccionales, la falta de acceso a la información y la fuerte influencia de las empresas multinacionales en las decisiones gubernamentales.
Finalmente, el informe, teniendo en cuenta esta situación, presenta una serie de recomendaciones que las políticas internas y externas de la UE deberían alcanzar para garantizar la defensa de los derechos de las personas afectadas y para prevenir futuras vulneraciones. Estas recomendaciones incluyen amplias reformas jurídicas centradas en atribuir responsabilidad legal a las sociedades matriz de los grupos corporativos mediante la imposición de un deber legal sobre los directores de la compañía, y por otra parte, construir un puente entre los países matrices y los terceros países mediante la necesaria creación en el ámbito europeo de una reglamentación que vincule empresas y derechos humanos.
Puedes acceder al informe completo haciendo clic aquí.
Maria Rio
