Crisis política y violaciones de derechos humanos en la República Democrática del Congo
La República Democrática del Congo está pasando por una época convulsa en los ámbitos político y social.
Según la constitución del país, el mandato del Presidente Joseph Kabila, hijo de Laurent-Désiré Kabila, acababa, sin posibilidad de renovar el cargo, el 19 de diciembre de 2016. El artículo 70 de esta norma establece que «al fin de su mandato, el Presidente de la República estará en funciones hasta la instalación efectiva del nuevo Presidente electo «. Durante todo este tiempo, el gobierno congoleño no ha convocado unas nuevas elecciones, por lo que no hay ningún presidente electo que pueda tomar el relevo del actual. El Tribunal Constitucional congoleño interpretó este artículo dando la razón al gobierno, decisión ampliamente rechazada por la oposición política y los grupos de la sociedad civil, que hace tiempo que cuestionan la independencia de poderes del Estado.
Esta negativa presidencial a abandonar el poder generó grandes preocupaciones entre grupos de la sociedad civil, la oposición política y la Iglesia católica, que mostró un rechazo firme y unívoco a la postura del presidente.
Activistas del movimiento LUCHA en una manifestación pacífica a favor del derecho de asociación y de expresión. Fuente: Amnistía Internacional.
En diciembre de 2016, las autoridades congoleñas, la oposición política y la sociedad civil, con la mediación de la Conferencia Nacional Episcopal del Congo (CENCO) firmaron el Acuerdo de San Silvestre, en el que las autoridades se comprometían a organizar elecciones antes de diciembre de 2017.
Durante todo el año, la sociedad civil y la oposición política se han organizado en asociaciones, grupos y movimientos que tienen por objetivo hacer presión al gobierno para que convoque elecciones, como el movimiento Lutte pour le Changement (LUCHA). Informes como el de Amnistía Internacional acusan al Estado congoleño de haber utilizado el sistema judicial para reprimir las voces disidentes en contra del retraso en la convocatoria de elecciones.
«El gobierno ha reprimido la libertad de asociación de los movimientos juveniles, las organizaciones de derechos humanos y los partidos políticos. Movimientos juveniles como el LUCHA han sido considerados grupos insurreccionales. Las autoridades locales declararon que el LUCHA es «ilegal» porque no está registrado, aunque ninguna ley de la República Democrática del Congo ni las normas internacionales de derechos humanos sobre la libertad de asociación ponen el registro como requisito previo para disfrutar de este derecho», afirma Amnistía Internacional.
No sólo se han prohibido manifestaciones y protestas pacíficas de los movimientos contrarios al gobierno, sino que las autoridades municipales han facilitado y promovido encuentros de grupos favorables a Kabila.
Activistas del movimiento LUCHA. Fuente: LUCHA.
Esta situación de tensión política y social está generando un entorno especialmente hostil para los defensores y defensoras de derechos humanos. Concretamente, desde Justícia i Pau hemos denunciado la detención y el acoso judicial que han sufrido Timothée Mbuy, abogado, presidente de Justicia Asbl y miembro de la coalición de 33 ONG militantes para el respeto de la constitución, Jean Pierre Tshibitshabu, miembro de Societé Civile du Congo (SOCICO) y periodista, Erick Omari Omba y Patrick Mbuy Kwecha, miembros de la Fundación Bomoko, y Jean Mulenda, miembro del LUCHA, condenados a doce meses de prisión por haber participado en una manifestación pacífica en favor del respeto a la constitución, entre muchos otros defensores y defensoras de derechos humanos.
El 5 de noviembre de 2017, la Comisión Electoral Nacional Independiente (CENI) anunció finalmente la convocatoria de elecciones en diciembre de 2018. Este calendario electoral ha sido rechazado por todas las fuerzas opositoras, movimientos sociales y la CENCO. Todos ellos se han movilizado en contra, publicando comunicados denunciando la violación de la constitución, las leyes y del Acuerdo de San Silvestre, y promoviendo protestas pacíficas, como la del pasado 15 de noviembre, en la que el movimiento LUCHA y otros movimientos sociales convocaron un paro de país.
La CENCO, por su parte, reunida en Asamblea Extraordinaria, emitió este mensaje de denuncia y urgencia ante la situación política. El mensaje se redactó con la participación de una de nuestras entidades socias en la RDC, la Comisión Diocesana de Justice et Paix de Butembo-Beni. El propio Abbé Aurélien, director de Justice et Paix, en una entrevista concedida al Público señaló la falta de gobernabilidad y la crisis política como una de las causas de la pobreza que asola el país.
A nivel internacional, el Consejo de la Unión Europea recordó que, teniendo en cuenta las múltiples demandas de publicación del calendario electoral realizadas por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la Unión Africana, ahora es de vital importancia garantizar el respeto absoluto a la fecha fijada para las elecciones.
La UE ha condenado asimismo las violaciones de derechos humanos que se han llevado a cabo contra la oposición política y otros defensores y defensoras de derechos humanos, recalcando que son conductas incompatibles con los principios democráticos y las libertades fundamentales .
Asimismo, ha mostrado su gran preocupación por el reciente ataque a la MONUSCO por parte de un grupo de rebeldes ugandeses, que ha provocado la muerte de 14 Cascos Azules de origen tanzano y la de cinco militares congoleños .
Desde Justícia i Pau nos adherimos a estas condenas y preocupaciones. Condenamos toda violación de derechos humanos y desde aquí damos todo nuestro apoyo a los defensores y defensoras de derechos humanos congoleños. Asimismo, recalcamos la urgencia de convocar unas elecciones libres con la mayor celeridad posible, por respeto a los derechos humanos y los principios democráticos.
