Continúan las vulneraciones de derechos humanos a personas defensoras en la RDC
La situación política y social que atraviesa la RDC sigue dejando noticias que merecen la atención y la labor de nuestro equipo de voluntarios redactores de cartas de denuncia de vulneración de derechos humanos en el mundo.
Las denuncias del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, una alianza de la FIDH y la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) intervienen en la siguiente situación en la RDC, con el objetivo de denunciar, esclarecer y juzgar a los responsables de los asesinatos perpetrados recientemente en la República Democrática del Congo. Y piden a las autoridades una investigación urgente y exhaustiva, sin demora, independiente, eficaz y rigurosa, imparcial y transparente para poder llevar a los tribunales al autor o autores de los crímenes cometidos, y que recaigan las sanciones penales y civiles que correspondan.
Rossy Mukendi, justo antes de la marcha pacífica.
Font: africa.la-croix.com
Informaciones recibidas por organizaciones sobre el terreno comunican que el 28 de febrero de 2018, el señor Rossy Mukendi Tshimanga fue asesinado por agentes de policía, que abrieron fuego a los manifestantes de dentro y fuera de la parroquia de Sant Benoît de Lemba en Kinshasa, mientras participaban en una marcha pacífica organizada por el Comité Laico de Coordinación (CLC) pidiendo la aplicación del acuerdo de San Silvestre, con la firma del cual las autoridades se comprometieron a convocar elecciones antes de diciembre de 2017. La policía disparó al señor Mukendi y a otros manifestantes y usó gas lacrimógeno contra los concentrados, incluyendo el hospital parroquial y la maternidad, donde se encontraban mujeres y neonatos.
El presidente Kabila, con el segundo mandato ya cumplido, se resiste a convocar elecciones, y está postergando los comicios de forma irregular. Las organizaciones denunciantes, entre las que se encuentra Justícia i Pau, recuerdan con preocupación que el procedimiento utilizado por el gobierno para reprimir a la población y organizaciones defensoras de derechos humanos empieza a ser habitual.
El procedimiento utilizado por el gobierno para reprimir a la población y organizaciones defensoras de derechos humanos empieza a ser habitual.
Rossy Mukendi es el fundador del “Collectif 2016”, movimiento ciudadano con sede en Kinshasa que tiene como objetivo la contribución a la organización efectiva de unas elecciones libres y democráticas de acuerdo con la constitución del país, la libertad de asociación y de expresión a través de la sensibilización pública y manifestaciones pacíficas. El defensor participó en diversas actividades incidiendo en la defensa de estos derechos, en colaboración con la Asociación Congolesa de Acceso a la Justicia (ACAJ) y otros movimientos ciudadanos.
Según la información recibida, las autoridades congoleñas vulneraron sistemáticamente los derechos del señor Mukendi con arrestos, detenciones por marchas pacíficas, prisión incomunicada en campo militar de Kokolo, torturas, amenazas de muerte y maltratos de todo tipo para obligarlo a poner fin a su compromiso cívico. El Observatorio ha documentado, desde 2017, un patrón sistemático de arrestos, criminalización y acosos de las autoridades congolesas contra los defensores de los derechos humanos que participan en actos para la implantación del acuerdo de San Silvestre y a los miembros de movimientos como LUCHA, Fimbi y Compte a Rebours.
La reflexión de este artículo nos da una muestra de la difícil situación política en que se encuentran los habitantes de este país, en especial para las personas defensoras de los derechos humanos.
Por eso, Justícia i Pau, a través de su equipo de redacción de cartas, insta a las autoridades congolesas a garantizar y respetar los derechos humanos, cumplir con las disposiciones de la Declaración sobre defensores de derechos humanos, aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1998, y a respetar y garantizar especialmente los derechos de manifestación y reunión pacífica a la libertad de expresión, tal como prevé la constitución congolesa y los tratados internacionales de los cuales la RDC forma parte.
Policías agrediendo a un manifestante, el 25 de febrero de 2018, en la catedral de Notre-Dame de Kinshasa.
Font: www.jeuneafrique.com
Puedes leerla carta enviada a las autoridades congolesas aquí.
Joaquín Fresnedoso
