Brasil: extractivismo vs. bienestar de la población
El pasado viernes 25 de enero se produjo el colapso de la presa de residuos mineros de Brumadinho, situada en el estado brasileño de Minas Gerais, al sureste del país. A causa de este derrumbe, 165 personas han muerto y, a día de hoy, aún quedan más de 150 desaparecidas. Según la información de la que se dispone, el colapso se produjo cuando el dique de una de las represas que contenía residuos férricos se rompió provocando una avalancha de tierra. Por todo ello, en este momento es necesario depurar responsabilidades y analizar en profundidad lo sucedido. Para ello, es imprescindible analizar en el papel que han jugado la empresa Vale S.A –propietaria de la presa-, así como el gobierno brasileño.
Esta no es la primera vez que este tipo de hechos suceden en territorio brasileño. El 5 de noviembre de 2015, el derrumbe de la represa de Bento Rodriguez (operada conjuntamente por Vale y la anglo-australiana BHP Billinton) supuso el mayor desastre socio-ambiental de la historia de Brasil. Desastre que condujo a la apertura de un profundo debate sobre el rol extractivo de muchas de las empresas que operan en Brasil y la percepción de este Estado para las transnacionales e incluso para otros Estados. Este debate se ha llevado a cabo en un entorno marcado por dos grandes problemáticas: la pobreza y la desigualdad. Al mismo tiempo, estas dos problemáticas han arrastrado al país a una dependencia de la minería de la cual un gran número de empresas brasileñas y transnacionales se han beneficiado enormemente. Sin embargo, a pesar de las promesas y predicciones de mejora de la calidad de vida de la población nativa con la llegada de las grandes inversiones empresariales, lo cierto es que en la mayoría de los casos –y más si tenemos en cuenta el caso de Brumadinho- las acciones y omisiones de las empresas, así como del Estado, han terminado afectando de forma negativa el bienestar de dichas comunidades.
Fuente: efe.com
Aunque los hechos que rodean el colapso de la presa de Brumadinho todavía están siendo investigados, parece claro que tanto los protocolos relacionados con los procedimientos internos de la presa como la normativa acerca de las medidas necesarias para garantizar la estabilidad de la presa y el área circundante fallaron. Además de los fallos en los protocolos y normativas, también existe un buen número de irregularidades que rodean el caso de Brumadinho. En primer lugar, la empresa Vale S.A. no activó los protocolos de emergencia antes del colapso de la presa. Por otro lado, también cabe destacar que, a pesar de la inestabilidad de la presa, esta fue declarada como estable para su funcionamiento por las autoridades pertinentes. Así pues, tanto la empresa como el gobierno brasileño deben dar respuesta a las dudas que plantean esas irregularidades y compensar a las víctimas de este derrumbe. Según parece, este planteamiento es compartido por el fiscal general de Brasil, André Mendonça, que declaró recientemente: «Necesitamos que efectivamente Vale asuma su responsabilidad por el hecho… Por lo tanto, esperamos respuestas efectivas y rápidas de Vale con respecto al desastre».
Finalmente, la necesidad del endurecimiento de la normativa que permite la entrada de empresas y ejecución de actividades extractivas es evidente. Sin embargo, para ello, se requiere que todos los poderes e instituciones del Estado converjan en un mismo punto. Dicho punto debe ser la protección de la población, la satisfacción de sus necesidades básicas, así como la destinación de mecanismos eficaces y efectivos mediante los cuales las voces de las comunidades que habitan las zonas afectadas por las inversiones puedan ser escuchadas. Sólo de esta manera se podrá iniciar un cambio de rumbo en Brasil, donde casos como el de Vale demuestran que se pueden desarrollar actividades extractivas sin una regulación que obligue a las empresas a mantener una actitud responsable frente a la población y el territorio afectado.
Diana Carvajal
