La minería ilegal en Colombia

La minería ilegal en Colombia supone un grave problema. Según el Contolador General de la República de Colombia un 80% de las minas funcionan sin la autorización del Estado colombiano. Como no están reguladas, éstas actúan sin límites, produciendo efectos devastadores en la población local y en el medio ambiente.

El consumo de agua contaminada está provocando un genocidio de la población.

Francia Márquez
Fuente: eltiempo.com

Francia Márquez, líder de la movilización de las comunidades afrodescendientes de Colombia contra el extractivismo minero, ha ganado el Premio Goldman 2018 (un premio otorgado a defensores y defensoras del medio ambiente considerado el Nobel medioambiental) por su trabajo contra la minería ilegal en la región del Pacífico de Colombia. La defensora denuncia que la minería ilegal y descontrolada ya hace mucho tiempo que actúa impunemente en el país y que el gobierno no ha ofrecido ayuda a la población afectada ni responde a sus demandas.

Las minas de oro excavadas en la zona contaminan las ciudades de alrededor, pero también los ríos del país. Márquez denuncia que los ríos que nacen en la zona, unos 80, están contaminados de mercurio y el consumo de esta agua está produciendo un genocidio de la población.

Además de la contaminación, también remarca las amenazas que recibe la población para abandonar su territorio debido a la explotación minera y de las luchas armadas por el control del territorio y sus recursos naturales. Estas luchas de guerrillas han comportado el asesinato de líderes sociales y la criminalización de las asociaciones locales.

Ya en 2014, acompañada de 80 mujeres, Francia Márquez protagonizó una marcha desde La Toma, su localidad natal, hasta Bogotá conocida como «La marcha de los turbantes«. Allí ocuparon la sede del Ministerio del Interior para solicitar a su gobierno protección para ellas y para su comunidad. Este evento obligó a la activista a abandonar su territorio, amenazada por las guerrillas.

La ganadora del Goldman 2018 considera que la inacción del gobierno en la zona responde a la discriminación que sufre la población descendiente de esclavos africanos en el país. Según la ley, la comunidad afrocolombiana tiene derecho a ser consultada sobre las concesiones que se dan en su territorio. Si bien es cierto que, gracias a las consultas, algunas minas no recibieron autorización legal, la mayoría de concesiones no han sido sometidas previamente a la decisión de la población.

Márquez, además de una importante activista y defensora de los derechos de las personas y de la tierra, también ha sido representante política a nivel regional. Encabezó la lista nacional de una candidatura afrocolombiana que, aunque no obtuvo representación, supuso un punto de inflexión para la consolidación de la comunidad en el ámbito político. También cabe destacar su papel mediador entre el gobierno y las FARC, que eran fuertes en el territorio natal de Márquez, el Cauca.

Márquez apunta que el gobierno no detendrá la minería por temor a que las empresas demanden al Estado y considera este premio como una alerta al gobierno colombiano para remarcar la importancia de su lucha.