El cobalto en la República Democrática del Congo: algunos cambios a la vista
La situación política, social y de crisis humanitaria en la RDC sigue siendo extremadamente convulsa y preocupante. Las elecciones que se pactaron para diciembre de 2017 no se llegaron a celebrar y este hecho condujo a una ola de protestas que todavía hoy dura. A día de hoy, la RDC sigue sin haber celebrado unas elecciones democráticas que puedan proporcionar un relevo al actual presidente Joseph Kabila, y ya han pasado dos años desde el fin de su segundo y último mandato.
A este clima se suman algunas noticias que hacen vislumbrar algún cambio, aunque todavía no se pueden medir sus efectos.
En primer lugar, esta semana hemos podido saber de la puesta en marcha de una iniciativa para rastrear la producción de «cobalto ético» en la RDC. La idea de este proyecto, aún en fase experimental, es establecer un programa de control sobre la cadena de suministro de cobalto de manera que se pueda identificar si aquel mineral servirá para financiar a grupos armados que alimentan el conflicto en el este del país y si ha sido extraído en uso de mano de obra infantil o violando los derechos fundamentales de la población.
Por otra parte, el gobierno de Kabila ha aprobado un nuevo Código Minero que parece que no ha gustado nada a las principales empresas mineras que operan en el país. Esta nueva legislación ha dejado sin efecto las medidas que otorgaban carta blanca para operar durante 10 años a las empresas con licencia de explotación de las minas de la RDC. Asimismo, el nuevo código aumenta del 2% al 10% los impuestos relativos a la extracción de cobalto y de un 2% a un 3,5% la de minerales como el oro y el cobre. Así pues, estas medidas pretenden, de acuerdo con un comunicado emitido por la presidencia congoleña, «devolver al Estado ingresos sustanciales para su desarrollo económico y social».
A pesar de las críticas de las empresas mineras, algunas ONGs como la británica Global Witness han alertado de los nuevos riesgos que este código minero puede conllevar, especialmente respecto a la corrupción. De este modo, el endurecimiento de las condiciones para la explotación de estos minerales, que la RDC ahora puede clasificar de estratégicos, podría llevar a muchas empresas a recurrir a métodos deshonestos como el soborno para conseguir un trato preferencial por parte de la administración. En este sentido, preocupa que las disposiciones del nuevo código relativas a la transparencia son demasiado vagos para evitar consecuencias como ésta.
Por otra parte, el gobierno del Congo debería invertir los beneficios de este aumento de las tasas en mejorar las condiciones de vida de su población, un hecho que aún está por ver si se producirá, ya que, tal y como apuntaba la misma ONG el año pasado, el estado congoleño dejó de recibir 750 millones de dólares entre 2013 y 2015 procedentes de las tasas entonces vigentes sobre la extracción de minerales debido a la corrupción. Esta nueva medida tampoco ha convencido en primera instancia al movimiento ciudadano opositor LUCHA, que a través de redes sociales ha denunciado que tanto Kabila como las multinacionales son depredadoras que buscan apropiarse del botín del Congo.
Del mismo modo, esta medida también podría ser una maniobra política del presidente Kabila para mejorar su popularidad, especialmente de cara a los comicios anunciados para diciembre de este año. Así pues, esta nueva legislación, si bien hay que valorarla positivamente sobre el papel, debería ir acompañada de cambios sustanciales en la administración para que pueda traducirse en efectos positivos para la población.
En definitiva, todos estos cambios que se prevén o ya se están produciendo podrían mejorar una situación que hoy por hoy sigue siendo muy preocupante, pero no hay que bajar la guardia y debemos estar muy atentas a la evolución del panorama político, económico y social de la RDC para poder valorarlos considerando su alcance real.
Miquel Caum
