Con la Dodd-Frank suspendida, el origen de los minerales queda oculto
Justícia i Pau denuncia que la administración Trump amenaza los avances en el cumplimiento de los derechos humanos con la suspensión de la ley Dodd-Frank, que obliga a las empresas a revelar el origen de los minerales que utilizan
El nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene preparada una orden ejecutiva para suspender parte de la ley Dodd-Frank, concretamente la sección 1502, que obliga a las empresas norteamericanas a hacer una auditoría para garantizar que en su suministro no se utilizan minerales que financien grupos implicados en el conflicto armado.
El gobierno alega que hay “evidencia creciente” de que la obligación de las empresas norteamericanas de demostrar que no están involucradas en minerales de sangre ha “causado mal en algunas partes de la República Democrática del Congo y ha contribuido así a la inestabilidad en la región y amenazado los intereses de seguridad nacional de los Estados Unidos”[1], requisito necesario para poder suspender la aplicación de la ley.
Contrariamente, los grupos de defensa de derechos humanos han criticado este retroceso, recordando que esta ley había conseguido que muchas empresas del país controlaran el origen de los materiales adquiridos y utilizados y se empezaban a observar prácticas responsables dentro de las actividades mineras.
Además Elm Sustainability Partners (una consultora independiente), publicó el 6 de febrero un informe donde acredita que los costes de implementación de esta nueva regulación han tenido un impacto sustancialmente menor del que se esperaba y que las empresas norteamericanas han obtenido, de hecho, “beneficios tangibles”[2].
La ONG Global Witness alerta que con esta suspensión se volverá a dar carta blanca a las mafias locales para volver al negocio de los minerales.
Desde Justícia i Pau lamentamos que un país referente como Estados Unidos dé este paso atrás en la lucha contra los derechos humanos, precisamente ahora que la Unión Europea ha acordado una regulación sobre minerales de zonas de conflicto. Aun así, mostramos todo nuestro apoyo a las ONG norteamericanas que continúan su lucha civil para que las empresas del país no financien, mediante la compra de minerales, a los señores de la guerra.
Desde 1990, el conflicto armado a la R.D. Congo ha causado la muerte de más de cinco millones de personas y cada día se vulneran los derechos humanos de miles de ciudadanos. En este sentido, recordamos la campaña #ConflictMinerals liderada por Justícia i Pau basada en la sensibilización ciudadana e incidencia política con el objetivo de fomentar una regulación europea eficaz y prácticas empresariales responsables que minimicen los riesgos de financiar actores armados que violan los derechos humanos.
