UE: Alcanzado acuerdo sobre minerales de zonas de conflicto tras añadir exenciones
Este pasado martes 22 de noviembre, la Unión Europea llegó a un acuerdo, aunque con algunas carencias, sobre la regulación en el uso de los minerales de conflicto. La UE es uno de los principales importadores de estos minerales, que se encuentran tanto en ordenadores portátiles y motores de vehículos como las joyas.
Cerca de 30 organizaciones de ámbito social de toda Europa defensoras de los derechos humanos, han trabajado para conseguir más transparencia y unas regulaciones más justas en este negocio mundial. La lucha por el cambio legislativo europeo comenzó en junio de este año, después de que la UE concretara un perfil político general del reglamento. Tras meses de diálogo, este proceso ha terminado con el acuerdo de la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea para elaborar un texto final que se votará a los ya dos últimos órganos descritos.
Pueden leer el comunicado a continuación:
UE: Alcanzado acuerdo sobre minerales de zonas de conflicto tras añadir exenciones
La Unión Europea (UE) ha dado hoy un paso positivo, aunque tibio, para depurar el comercio con minerales de Europa. Los legisladores de la Unión concluyeron sus negociaciones en torno a una nueva ley sobre lo que se conoce como “minerales de zonas de conflicto”: un reglamento encaminado a garantizar que los minerales que entran en la UE no financian conflictos o violaciones de derechos humanos. Por primera vez, ciertas empresas de la Unión deberán asumir legalmente la responsabilidad de sus cadenas de suministro de minerales y tomar medidas para prevenir que su comercio esté ligado a conflictos o abusos contra los derechos humanos.
Sin embargo, una serie de concesiones y de lagunas de última hora podrían debilitar el impacto del reglamento, pues eximen de su cumplimiento a un gran número de empresas. Las organizaciones de la sociedad civil, incluidas Justícia i Pau Barcelona, la Comisión General Justicia y Paz y Justice et Paix Commission valona de Bélgica, piden hoy a la UE y a sus Estados miembros que demuestren que se toman en serio que estas exenciones no menoscaban los objetivos declarados del reglamento.
La UE es un destino importante de minerales, como mercado de materias primas y de productos de la vida diaria que los contienen, desde ordenadores portátiles y teléfonos móviles hasta motores, pasando por joyas.
El reglamento abarcará las importaciones de la UE de minerales de estaño, tungsteno, tantalio y oro procedentes de todos los países del mundo, y es la primera ley obligatoria de este tipo que tiene un alcance realmente global. Pero, como ya habíamos anunciado ante el acuerdo político alcanzado en el seno de la UE antes del verano a pesar de que las normas globales sobre el comercio de minerales exigen que todas las empresas comprueben que sus cadenas de suministro no financian conflictos o violaciones de derechos humanos, las disposiciones preceptivas de la UE afectarán solamente una pequeña parte de la cadena de suministro.
Contrariamente a la propuesta del Parlamento Europeo de mayo de 2015, más ambiciosa, el reglamento sólo se aplicará a las empresas que importen minerales en bruto, en forma de menas y metales. Las empresas que introduzcan esos mismos minerales en la UE dentro de partes o productos acabados no tendrán que rendir cuentas. En las negociaciones, los Estados miembros de la UE consiguieron también incluir a última hora una serie de umbrales para la importación que reducirá aún más el número de empresas que deben cumplir el reglamento.
“Estos umbrales de volúmenes, que eximen a las empresas de cumplir la legislación, son lagunas peligrosas”, declaró Nele Meyer, de Amnistía Internacional. “Podrían permitir la entrada en la UE de minerales por valor de millones de euros sin someterlos a ningún control”.
Incluso se han ofrecido atajos a las empresas que deben cumplir el reglamento. La Comisión Europea ha accedido a reconocer a organismos privados de la industria a los que las empresas recurren cada vez más para externalizar sus obligaciones para que controlen sus cadenas de suministro. Justícia i Pau Barcelona ha investigado la eficacia de algunos mecanismos implantados en las zonas mineras del este de la R.D. Congo y ha constatado sus debilidades. Sin embargo, los miembros de los organismos de la industria reconocidos se beneficiarán de una supervisión limitada.
Además, se alentará a las empresas a que recurran a una lista de fundiciones y refinerías “responsables”, a pesar de que se están implantando pocos mecanismos para evaluar realmente el comportamiento de todas las fundiciones y refinerías de la lista.
El reglamento no entrará en vigor de inmediato, pues los legisladores han decidido introducir un largo periodo de introducción transitorio.
En sí mismo, este reglamento de comercio no puede traer paz y prosperidad a las comunidades asoladas por la maldición de los recursos. Por tanto, la sociedad civil ha expresado satisfacción por el enfoque integrado de la UE que trata de complementar el nuevo reglamento con medidas diplomáticas y de desarrollo.
Por eso, durante el año 2017, Justícia i Pau Barcelona con el apoyo de la Agencia Catalana de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Cataluña llevará a cabo un proyecto en la R.D. Congo que plantea entre sus objetivos la definición participativa con actores del sector minero y de la sociedad civil de las medidas de desarrollo más adecuadas al contexto local.
Como afirmó Frederic Triest, de la red EurAc “Concluir estas negociaciones es un paso importante, pese al limitado alcance de la nueva ley. Pero esto es sólo el principio del proceso, no el final. Ahora es cuando las empresas deben demostrar que se toman en serio el cumplimiento de sus responsabilidades; cuando los Estados miembros de la UE deben demostrar su compromiso con hacer cumplir las normas que se han establecido ahora, y cuando la UE debe hacer uso de todos sus recursos para promover la extracción responsable y sostenible de minerales en todo el mundo”.
Las organizaciones que trabajaron para conseguir estas leyes defensoras de los derechos humanos son las siguientes:
