Los #ConflictMinerals en la R.D. Congo, la RS de las multinacionales y la legislación internacional en Els Dilluns dels DH

Judit Monetengro
Barcelona

“Hoy hablaremos de derechos humanos en un ámbito que nos afecta a todos.” Rita Marzoa, periodista de Catalunya Ràdio, daba de este modo a la quinta conferencia de los Lunes de los Derechos Humanos: Los minerales de sangre y la industria de la telefonía móvil, organizada por Justícia i Pau, Cristianisme i Justícia y Mans Unides.
Pocas semanas antes del Mobile World Congress 2016 (MWC16),la mesa redonda reunió en tres expertos de diferentes ámbitos relacionados con los #ConflictMinerals para hablar de la relación entre los minerales extraídos en zonas de guerra y alto riesgo y nuestros teléfonos inteligentes, mesitas, ordenadores, joyas, equipos médicos y otros productos en las cuales se utilizan.

La primera intervención fue la de Carme Altayó, consultora experta en la R.D. Congo y responsable de una investigación sobre el terreno para la campaña de este espacio web (que pronto publicaremos).

Altayó inició su intervención contextualizando la situación de la R.D. Congo. En primer lugar recordó la pasada dictadura de Mobutu Sese Seko, y la situación de extrema pobreza que persiste todavía hoy en día . La situación – comentó- se ha “agravado debido al conflicto armado desde hace más de 20 años”. La experta recordó como “estamos hablando de casi seis millones de muertos, el conflicto con más muertos después de la II Guerra Mundial, y una de las guerras más olvidadas”.

Carme Altayó: “No sólo se trata de la explotación de estos minerales por parte de las multinacionales; los #ConflictMinerals están asociados con los conflictos armados con los países fronterizos”

La intervención de Carme Altayó se centró a exponer la situación actual de la R.D. Congo y en concreto el impacto de la explotación del tantalium (también denominado coltán), donde se encuentran entre “el 64% y 80% de las reservas mundiales”.
Tener el control de esta zona del mundo, ha acontecido un aspecto clave estratégicamente y políticamente. “No sólo se trata de la explotación de estos minerales por parte de las multinacionales que requieren de él”, explicó Altayó, sino que también “existe una asociación de los #ConflictMinerals con los conflictos armados con los países fronterizos: Uganda y Ruanda, Burundi de la zona de los Grandes Lagos”.

Intervención de Carme Altayó, consultora experta en la R.D. Congo, durante la conferencia de Els Dilluns dels Drets Humans sobre los #ConflictMinerals. |Foto: Justícia i Pau.

Carme Altayó mostró un vídeo del contexto en el cual los #ConflictMinerals son extraídos de las minas que la consultora visitó al este de la R.D. Congo. Pozos artesanales hechos manualmente donde trabajan niños, mujeres embarazadas y en las cuales las condiciones de riesgo son comunes. Altayó mantuvo que “ha habido apoyo por parte de la cooperación internacional que, junto con el gobierno congoleño y la sociedad civil, realizan unas comisiones que se desplazan sobre terreno, para visitar las minas, calificarlas y prevenir así las vulneraciones de los derechos humanos”. La comisión emite un informe y se certifica la mina, siguiendo la debida diligencia de la OCDE, como verde, amarilla o roja. Posteriormente se etiquetan los minerales a pie de mina y llega al negociando que el compra, y se vuelve a etiquetar, asegurando que ha pasado la certificación y el comerciante, y entonces pasa a los exportadores.
Sin embargo, apuntó la experta, este sistema acontece a veces puede fiable, pues “los métodos de transporte de las minas a los negociantes se producen en caminos selváticos a tres días andando y, evidentemente, estos sacos se pueden romper, perder, o se puede introducir minerales que venga a otro lugar durante el camino”. Además, explicó Altayó, las personas que ponen estas etiquetas es gente voluntaria y no pagada.
“Las garantías del sistema de trazabilidad y de certificación son mínimas; el país no tiene las situaciones estructurales que harían falta” y concluyó que “tendríamos que trabajar a escala internacional, en el ámbito local, escuchar la voz de la gente y ver cuáles son realmente sus necesidades”.

Pep Mària, doctor en economía y profesor del Instituto de Innovación Social de ESADE y experto en empresas mineras y desarrollo en la África subsahariana, fue el siguiente ponente a intervenir en esta conferencia. Cuáles son los intereses alrededor de los #ConflictMinerals en el Congo?
Mària enfatizó el hecho que la cadena de valor es compleja y que “desde el punto de vista de las empresas, es muy específica”.

Pep Mària: “Hay que trabajar para la certificación debida de tanto a las minas como las fundidoras y al último peldaño de la cadena”

Siguiendo los inconvenientes de la certificación expuestos por Carme Altayó, el profesor de ESADE apuntó como hasta que los minerales llegan a la etapa final de producción, “pueden pasar por diferentes canales; algunos son exportados ilegalmente a Ruanda”, otros, explica, son transportados por la selva hasta llegar a los comerciantes. “Pero la cadena de valor que acaba en una empresa como Microsoft o Nokia tiene mucha variedad y, cuando el mineral es exportado, primero llega, mayoritariamente, al sudeste asiático donde se funde para preparar el siguiente paso; la fabricación de los condensadores para nuestros aparatos”. En este sentido, Pep Mària expuso que trabajar para la certificación tanto a las minas como las fundidoras acontece clave.
A pie de mina, explicó, a pesar de que los mineros artesanos operan en condiciones perjudiciales por su salud, para muchos de ellos esta actividad es una fórmula “de obtener dinero rápido”.

Qué podemos hacer desde la otra punta de la cadena de valor? Por un lado, dijo Mària, “intentar que haya legislación a escala internacional que obligue a las empresas que están en el último peldaño de la cadena de producción a hacer un procedimiento que certifique que los componentes electrónicos que los llegan no han sido producidos con minerales de conflicto”.

Santiago Fischer, responsable de proyectos de Justice et Paix de la Bélgica francófona, dedicó su aportación a la conferencia a profundizar sobre la legislación internacional para poder romper el vínculo entre nuestro consumo y los recursos naturales.
“La Unión Europea puede actuar” para romper este vínculo, inició.
Fischer recapituló en cómo existen los procedimientos de certificación, la ley Dodd-Frank y como el gobierno chino “ha aprobado una serie de directrices que establecen que las empresas chinas también tienen que realizar una debida diligencia”. Así pues, expone, todos los gobiernos implicados “lo están haciendo y esperamos que la Unión Europea pueda también hacer algo”.

Santiago Fischer: “Si no obligamos a las empresas a realizar la debida diligencia, nunca lo harán”

Fischer especificó como el 2008 la UE planteó la iniciativa sobre las materias primeras, donde se exponía que “si se quiere superar la crisis económica, tenemos que estar seguros que los minerales llegan al territorio europeo”. Este comunicado indicaba que se tenían que identificar cuáles son los minerales críticos (de difícil acceso), pero, como señaló el responsable de proyectos de Justice et Paix, en esta nueva normativa que abría a los tratados de libre comercio y la eliminación de aduanas porque llegaran los minerales, “las ONG’s nos sorprendimos, puesto que no había ningún pilar sobre derechos humanos”.
Años después, el 2014, el Comisario Europeo hizo una propuesta de reglamento sobre minerales de conflicto y, explica Fischer, “la propuesta nos decepcionó porque era muy débil: se proponía un reglamento voluntario porque las empresas europeas realizaran una debida diligencia”.

Santiago Fischer ha formado parte de las movilizaciones y grupos de presión para pedir una legislación obligatoria y justifica esta petición explicando que “si no obligamos a las empresas a realizar la debida diligencia, nunca lo harán; ya existe un procedimiento voluntario, la guía de la OCDE, y muchos estudios de la UE muestren cómo muy pocas empresas realizan este proceso”. Además, expone, “según un estudio del ONG holandesa SOMO, las únicas empresas que realizan esta debida diligencia son las que trabajan con las empresas americanas”, las cuales están obligadas a realizar la debida diligencia gracias a la ley Dodd-Frank.

Intervención de Santiago Fischer, responsable de proyectos de Justice et Paix de la Bèlgica francófona, en Els Dilluns dels Drets Humans sobre #ConflictMinerals. |Foto: Justícia i Pau.

Fischer explicó que si sólo se aplica a las empresas europeas y hay minerales que provienen de fundidoras que no entran dentro de este procedimiento de certificación, la cadena se rompe.

Actualmente, indicó, “estamos en una situación complicada”. El Parlamento Europeo rechazó la propuesta de ley voluntaria de la Comisión Europea, pidiendo una ley obligatoria a toda la cadena de producción. Después de esta posición, según Fischer, el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Consejo de la UE “están en un proceso de diálogo para negociar como tiene que ser esta legislación”.Pero Fischer insistió en la necesidad de una legislación obligatoria para toda la cadena de producción: “o lo es para toda la cadena, o no funciona”.
Esta petición, expuso, se toma para pedir “tener una Europa que no sea para las empresas, sino una Europa que las cuide pero que también cuide los derechos humanos al sur”.

Fischer finalizó apuntando como “no podemos realizar un comercio sin tener en cuenta los impactos sobre el terreno. Necesitamos una Europa que cuide a la gente y también a los consumidores; no creo que haya muchos consumidores aquí que estuvieran contentos de saber que su teléfono contiene sangre”.
En este sentido, el responsable de proyectos de Justice et Paix de Bélgica comentó que es muy importante que los consumidores pidan responsabilidad a las empresas y se haga presión a los europarlamentarios en estos momentos el reglamento europeo se encuentra en un punto muy importante para poder romper el vínculo de Europa con los #ConflictMinerals.